Visita al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
Es el organismo encargado de desarrollar políticas en materia de bienestar social, protección de consumidores y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en España | Ver Resumen Ejecutivo en PDF
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 es el organismo encargado de desarrollar políticas en materia de bienestar social, protección de consumidores y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en España. En el ámbito de Consumo, su labor se centra en garantizar los derechos de los consumidores y regular el mercado para evitar abusos y fraudes.
En el marco de su visita a los principales organismos responsables de la transición digital y la gobernanza electrónica de España, los Líderes se reunieron con Daniel Arribas, director general de Consumo, y con Natalia Moreno, subdirectora general de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo.
Tras conocer la responsabilidad de los Líderes en sus respectivas instituciones y sus intereses principales durante este Programa, Daniel Arribas señaló que “ambos países compartimos inquietudes”, como la digitalización de las instituciones y la gravedad de algunas actividades, como el abuso de las llamadas de ‘spam’ en ambos países.
Con respecto a la digitalización, señaló que “el tema de consumo está distribuido en diferentes estamentos y nosotros abogamos por una buena coordinación del sistema”. En este sentido, el Ministerio de Consumo desarrolla “varios proyectos de digitalización, vigilancia del mercado, etcétera, de cara a favorecer esta coordinación. La ayuda que nos pueden dar los avances digitales puede generar mucha eficiencia en nuestro trabajo”.
Natalia Moreno, por su parte, explicó que “España es uno de los países con mayor conectividad de la Unión Europea”, pero su distribución territorial es de un 80% de la población en zonas urbanas y solo un 20% en áreas rurales. “Aún con esa buena conectividad de partida, es verdad que muchas pymes y autónomos, así como consumidores en las zonas rurales, tienen problemas de conexión para hacer efectiva esa digitalización en su día a día”. Algo parecido ocurre en Perú, donde según César Vílchez, el 90% de la población vive en ciudades. El Gobierno peruano comparte el reto de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, así como implementar los servicios públicos digitales.
Para Daniel Arribas, la digitalización es uno de los temas prioritarios en España. “Muchas de las normas ya nos vienen dadas por la Unión Europea y debemos cumplirlas. Tenemos un reglamento de Inteligencia Artificial, de servicios digitales, de mercados digitales… lo que se está intentando es disciplinar el sector”. Adicionalmente, España realiza su propio desarrollo normativo, “sobre todo para la protección de colectivos vulnerables, especialmente menores de edad: su acceso a internet, uso y abuso de los dispositivos…”
Por otro lado, en el ámbito del consumo el ministerio trabaja en varias medidas. Son “pequeñas modificaciones que consideramos son necesarias: regular el tema de las reseñas”, en el que “hay que velar por que sean reseñas reales”, o evitar la renovación automática de suscripciones. “son pequeños retoques que buscan generar un consumidor más consciente, más parecido a como se comporta en la vida analógica”.
Sobre el tema de la protección a la infancia, los Líderes y los responsables del Ministerio compararon las iniciativas que se llevan a cabo en cada país. Edsger Herrera explicó el programa peruano que trata de formar a los menores como consumidores a través de la capacitación de los profesores. España, por su parte, desarrolla un concurso escolar de ámbito estatal en el que se imparten en los colegios charlas didácticas. “Nosotros no lideramos los proyectos educativos”, señaló Daniel Arribas, “pero sí intentamos ayudar a los niños: ofrecemos a los colegios todas las herramientas de formación, adaptadas a la infancia, en aquellos temas que consideramos cruciales”.
La reunión también trató el tema de las sanciones y procedimientos administrativos. Algo que en el mundo digital puede ser más complicado de conseguir si las empresas están domiciliadas fuera de la UE. “Se han puesto sanciones que no se van a cobrar nunca, porque son empresas en paraísos fiscales, que después desaparecen. Por eso, lo que estamos intentando es el cierre de las páginas web fraudulentas. Si queremos bloquear una web en su conjunto, hacemos la solicitud a las operadoras de telecomunicaciones para que bloqueen el acceso. No se llega al 100%, pero sí alcanzamos más del 90%”.
Dalia Suárez, por su parte, preguntó por la experiencia de las autoridades españolas por las reseñas fraudulentas en redes, las que tratan de inducir al consumidor a algo o las realizadas utilizando IA. “Actualmente, según el reglamento europeo, todo eso está prohibido. Se está investigando a varias plataformas por no poner suficiente esfuerzo en esto. Hemos prohibido que haya reseñas falsas o compradas… hemos obligado a que la plataforma verifique que el producto haya sido comprado por un consumidor real. Ahora queremos regular el derecho a réplica, y que el consumidor tenga toda la información para su decisión de compra”.
Participantes en la reunión:
▪️ Daniel Arribas, director general de Consumo
▪️ Natalia Moreno, subdirectora general de Coordinación, Calidad y Cooperación en Consumo
























































